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Desde la Asamblea de Estudiantes de Madrid, debido al proceso de mercantilización y precarización de los servicios públicos, entre ellos el de la Educación y defendiendo ésta como fuente de saber autónomo, y no a merced de las necesidades del mercado, reivindicamos y exigimos las siguientes actuaciones por parte de las instituciones implicadas (Estado, Comunidades Autónomas y Administración Universitaria):
EN CUANTO A LA IMPLANTACIÓN DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:
Exigimos a las instituciones y administraciones competentes (tanto a nivel universitario, como regional y estatal), el cumplimiento de las siguientes reivindicaciones:
1) La paralización del proceso iniciado con la Declaración de Bolonia y de todas las iniciativas aprobadas y pendientes de aprobación relacionadas con la implantación del E.E.E.S.
Con el objetivo final de obtener la derogación de todas las leyes, reales decretos, normativas y órdenes que conforman el marco jurídico por el que se establece el modelo de implantación del E.E.E.S. (LOU, Real Decreto 1125/2003 [ECTS], Real Decreto 285/2004, Real Decreto 55/2005 de 21 de Enero, Real Decreto 56/2005 de 21 de Enero, Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, Orden CIN/2940/2008 de 14 de Octubre [préstamos-renta], Orden ECI/3858/2007 de Diciembre de 2007 [Título que faculta para ser profesor de enseñanzas medias], la derogación de la ley de la abogacía, toda norma que implique la necesidad de cursar un postgrado para el acceso a la carrera profesional...).
Así como la supresión de todos los organismos que han sido creados con la motivación de este marco (ANECA, Consejos Sociales, etc.) y la Estrategia de Universidad 2015.
2) La creación de un espacio de debate en torno a los nuevos cambios, abierto a la participación real y directa de todos los afectados por los mismos (incluyendo a todos los sectores de la comunidad universitaria), en el que se cumplan las siguientes condiciones:
- Transparencia absoluta en toda la información requerida por las asambleas y los afectados, lo cual no se ha cumplido hasta ahora.
- Participación desde la base (a nivel individual y asambleario), bajo un funcionamiento horizontal, no basado en los mecanismos de representación no participativa que se dan habitualmente en la universidad.
- Realización de paros académicos que posibiliten la disposición del tiempo (horario lectivo) y espacio (las propias aulas) necesarios para la participación de todos los afectados en los debates y jornadas informativas.
3) El objetivo principal del citado debate será obtener un posicionamiento de la comunidad educativa mediante un referéndum que sea determinante a la hora de decidir el futuro de la universidad y potenciar así la autonomía de la misma.
4) Tras el posicionamiento determinante de la comunidad educativa, comenzar un segundo debate (bajo las mismas condiciones que en los apartados citados en el punto 2) centrado en la remodelación de la Universidad en todos sus ámbitos (metodológico, económico, administrativo...). Una remodelación que debe necesariamente orientarse hacia la construcción de una universidad enteramente pública (con un programa de reforma que contemple la reducción progresiva de las tasas hasta llegar a su eliminación) y no mercantilizada, es decir, una universidad que disfrute de una verdadera autonomía con respecto al interés económico del sector privado.
Esto último debería implicar el retorno de la administración y gestión de la universidad al Ministerio de Educación y Ciencia, o, cuanto menos, su salida del recientemente creado Ministerio de Innovación y Ciencia.
EN CUANTO AL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS EL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, QUE SE LLEVA DESARROLLANDO DESDE HACE AÑOS:
Ante la mercantilización tanto de la educación como del resto de servicios públicos esenciales (sanidad, transporte, etc.) reivindicamos y exigimos:
- La derogación de la ley “Nuevas Formas de Gestión (15/97)” que permitió la introducción del sector privado en la administración y gestión de los servicios públicos.
- La inhabilitación del sector privado en todas sus funciones de administración, gestión y financiación en el ámbito universitario.
-La base académica, científica y de interés para la comunidad universitaria a la hora de planificar cualquier título de carácter universitario.
- No aplicación del sistema de créditos ECTS, incompatible con la realización de otras actividades, especialmente de carácter laboral y cultural. Rechazo a la estructura de Grados y Postgrados.
- No desaparición de las asignaturas, optativas, especialidades, y titulaciones actuales. De forma que no se subordine al interés económico, el espíritu científico y humanista.
- La eliminación del programa de ayudas basado en los préstamos renta regulado por la anteriormente citada Orden CIN/2940/2008.
- Aumento significativo del presupuesto destinado a las becas a fondo perdido.
- No subordinación de la investigación al interés privado. Exigencia de remuneración en las prácticas en empresas públicas y privadas.
- Derogación de la Orden ECI/3858/2007, del 27 de diciembre de 2007 y sustitución del Master de Formación del Profesorado que sucedería al actual CAP por un sistema que no sacrifique los contenidos teóricos por los psicopedagógicos.
EN CUANTO A LA ACTITUD REPRESIVA DE LAS INSTITUCIONES ANTE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL:
Defendiendo la libertad de expresión en todas sus formas como única arma contra la represión de los movimientos estudiantiles, y como muestra de rechazo a la criminalización injustificada del que el Movimiento contra Bolonia ha sido víctima en estos últimos años, reivindicamos y exigimos:
- La derogación del reglamento franquista de 1954 y retirada de los expedientes disciplinados abiertos a 28 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, basados en los artículos 5.a.1 y 5.a.5 de la citada ley.
- Posicionamiento de la Administración Universitaria a favor de la absolución de los 15 imputados, acusados penalmente por los mismos sucesos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Posicionamiento de la Administración Universitaria a favor del indulto a los dos procesados penalmente como consecuencia de las protestas anti-LOU de 2001.
Asamblea de Estudiantes de Madrid.
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